Julio Antonio Martínez y Javier Armando Aguirre llevan un año detenido. El jueves, la Justicia Federal los condenó por tráfico de estupefacientes, en el marco de la causa que tuvo como principales protagonistas al clan de los hermanos Toro. Y, aunque para los jueces no hay dudas de que eran dealers, desde que fueron arrestados permanecen alojados en un calabozo de la seccional 10ª, en Villa 9 de Julio.
El 30 de septiembre de 2006, la Digedrop realizó un allanamiento en barrio 11 de Febrero. Buscaban a Manuel "Maño" Toro, un hombre al que un denunciante anónimo había sindicado como "transa". El no estaba en su casa, pero sí Martínez y Aguirre. En esa vivienda, los policías hallaron varias tizas de cocaína y otros elementos que quedaron secuestrados. Luego salieron en libertad.
Dos años y medio después, en febrero de 2009, la Justicia Federal ordenó otros operativos en Villa 9 de Julio. Así, quedaron apresados "Maño", Margarita, Ana Verónica y Martín Toro, entre otras personas. Martínez y Aguirre fueron detenidos a fines de ese año otra vez, por la causa iniciada en 2006.
Según la pesquisa, realizada por policías al mando del comisario Fabián Salvatore, los Toro conformaban una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.
El jueves, los vocales Gabriel Casas, Alicia Noli y Carlos Enrique Jiménez Montilla condenaron a nueve de los 10 imputados. Manuel fue quien recibió la pena más alta (siete años y medio), seguido por su hermana Margarita (siete). A ambos los declararon reincidentes, por lo que deben cumplir la pena sin beneficios. Ana Verónica, Verónica Paola (hija de "Maño) y Martín Toro recibieron seis años. Juan Enrique Díaz, Walter Sandoval, Julio Martínez y Javier Aguirre fueron condenados a cuatro años de cárcel.
Los dos últimos, sin embargo, jamás pisaron el penal durante el proceso, pese a que existe una acordada de la Corte Suprema de Justicia que impide el alojamiento de detenidos con prisión preventiva en comisarías. Además, Ana Verónica y su sobrina, Verónica Paola Toro, cumplirán la pena en su domicilio, a no ser que el Tribunal Oral Federal les revoque el beneficio.
En el dictamen, los jueces ordenaron el decomiso de tres pistolas calibre 9 milímetros; de dos escopetas calibre 12 milímetros; de un revólver calibre 22 milímetros; de municiones; de joyas; y de decenas de miles de pesos que habían sido secuestrados.
Los defensores deslizaron que esperarán los fundamentos del fallo, que se darán a conocer el jueves, para comenzar a trabajar en la Casación.